La Comisión Europea ya tiene muy adelantado el trabajo para sustituir la actual directiva de lucha contra la morosidad, vigente desde 2011, por un nuevo reglamento que sería directamente aplicable en toda la Unión Europea. El principal objetivo de la propuesta es la introducción de un plazo máximo único de pago de 30 días en toda Europa.
En este momento, y según ha reflejado la oleada de otoño del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, sólo el 9% de los negocios trabaja ya en sus pagos y en sus cobros dentro de ese mencionado plazo. El 63% cree que cobrar a 30 días a sus clientes mejoraría su liquidez y sólo un 12% prevé que tendría problemas para pagar a sus proveedores en ese plazo.
El estudio muestra que aún existe un amplio desconocimiento de esta posible evolución legislativa: el 29% de los negocios españolas aún no conoce la propuesta de la Comisión Europea para endurecer la actual normativa contra la morosidad en las operaciones comerciales. De acuerdo con las estimaciones de la Comisión, una de cada dos facturas vinculadas a las operaciones comerciales entre empresas en Europa se paga con retraso o no se llega a pagar; y una de cada cuatro quiebras empresariales se debe a los problemas de liquidez que generan los retrasos en el pago de facturas de los clientes.
La Unión Europea ya tiene preparado el borrador del nuevo reglamento contra la morosidad.
Según adelantó el pasado miércoles este diario, la Unión Europea ya ha redactado el borrador del nuevo reglamento contra la morosidad, que endurecerá las condiciones para aquellos que se retrasen en el pago de las facturas. Así figura en dicho documento, pendiente de aprobación por parte del Parlamento Europeo y que entrará en vigor a los doce meses de la misma.
Desde la Comisión Europea han explicado que el nuevo reglamento contra la morosidad sustituirá al reglamento vigente, que data del año 2011, y servirá para combatir el adverso efecto de los impagos en los negocios más pequeños, pues “una de cada cuatro quiebras se debe a retrasos en el pago de facturas”.
Entre las medidas más llamativas del borrador destaca la imposición de un nuevo periodo máximo de pago para los acuerdos comerciales y los contratos con la Administración, que se limitará a 30 días. Además, se establece un nuevo interés de demora automático, que ascenderá al tipo de referencia del Banco Central Europeo (BCE), más el 8%.
Aunque la propuesta de la Comisión está preparada desde el pasado 12 de septiembre, su aprobación definitiva depende del Parlamento Europeo, donde previsiblemente se incorporarán enmiendas. Algunas informaciones apuntan a febrero, pero podría demorarse unos meses más.
Por último, otra de las novedades que se incluyen en el reglamento es la obligación de las administraciones en cuanto a vigilar que sus contratistas abonen, a su vez, las facturas correspondientes a las subcontratas -a menudo pequeños negocios y autónomos- en el plazo obligatorio.
Fuente: Autónomosyemprendedor.es
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